El ordenamiento ecológico marino es el único instrumento del gobierno que se enfoca la planeación integral de todas las actividades que se llevan a cabo en la zona marinas mexicanas y sus zonas federales adyacentes. Su fin es lograr un balance entre las necesidades de los sectores productivos y la preservación de los recursos naturales.
La zona marina abarca el mar territorial, la zona económica exclusiva, la plataforma continental, las plataformas insulares, las bahías internas, las aguas de los arrecifes, las desembocaduras de ríos, lagunas y estuarios que están comunicados permanente o intermitentemente con el mar.
El ordenamiento ecológico marino forma parte del marco legal ambiental y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales es la dependencia responsable de conducir su formulación. Sin embargo, lo hace en coordinación con otras dependencias o entidades de la Administración Pública Federal que tienen atribuciones para regular las actividades que se desarrollan en las zonas marinas. Asimismo, invita a la participación en el proceso a las autoridades estatales y municipales, así como a representantes de los sectores que desarrollan actividades en el área a ordenar para que conformen un Comité de Ordenamiento Ecológico. Este comité es el órgano de participación social y espacio de concertación, colaboración, transparencia y rendición de cuentas en el proceso de ordenamiento ecológico.
La definición del contenido de un programa de ordenamiento ecológico marino se genera en un proceso de colaboración entre las autoridades y los sectores que desarrollan actividades productivas o se dedican a la conservación en la zona marina y costera.
El programa de ordenamiento ecológico marino se fundamenta en un estudio técnico que abarca cuatro etapas: caracterización, diagnóstico, pronóstico y propuesta.
La caracterización consiste en describir la condición de los componentes natural, social y económico del área a ordenar.
En el diagnóstico se identifican los intereses de los sectores que operan en la zona marina y costera y se mapean las áreas con las condiciones adecuadas para desarrollar las actividades de cada sector. También se identifican las áreas donde puedan surgir conflictos entre sectores que desarrollan actividades incompatibles. Asimismo, se ubican las áreas prioritarias para la conservación de la biodiversidad y aquellas que requieren acciones de restauración.
En el pronóstico se analiza cómo variarían las condiciones de la zona marina ante distintos escenarios de desarrollo y se identifica el escenario estratégico en el cual todos los sectores pueden realizar sus actividades de manera que se minimicen los conflictos.
En la etapa de propuesta se emplea el escenario estratégico para delinear unidades de gestión ambiental de la zona marina y establecer directrices que regulen las actividades en cada área, considerando sus características particulares.
Aunque el estudio se hace bajo la conducción de un equipo técnico compuesto por especialistas académicos, su desarrollo implica un proceso colaborativo que incluye la participación y el aporte de conocimientos de los miembros de los sectores que operan en la zona marina, así como de las organizaciones de la sociedad civil, académicos y cualquier ciudadano interesado en contribuir.
Una vez concluido el estudio técnico, la propuesta del programa de ordenamiento ecológico marino se somete a un proceso de consulta pública y posteriormente se publica en el Diario Oficial de la Federación, lo que le confiere un carácter legalmente vinculante para las autoridades.
Con la promulgación del decreto del programa de ordenamiento, se dispone de un marco legal de referencia para dirigir los programas de gobierno y las inversiones tanto públicas como privadas hacia las zonas que ofrecen las condiciones más propicias para desarrollar proyectos y actividades de un sector dado. Asimismo, las autoridades deben considerar lo que establece el programa de ordenamiento ecológico marino al evaluar cualquier proyecto público o privado que requiera autorización en materia de impacto ambiental.
Es importante destacar que el proceso no concluye con el decreto del programa, sino que el Comité de Ordenamiento Ecológico debe dar seguimiento a su ejecución. De esta manera, se establece un proceso de planeación continuo en el cual las autoridades y la sociedad civil colaboran en la formulación e implementación del programa.